Cuarto juez federal bloquea orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento
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BOSTON — Un juez federal en Boston bloqueó el jueves una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pondría fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal, convirtiéndose en el cuarto juez en hacerlo.
El juez federal de distrito Leo Sorokin emitió su decisión tres días después de que el juez federal de distrito Joseph Laplante en Nueva Hampshire bloqueara la orden ejecutiva, y sigue a decisiones similares en Seattle y Maryland.
En un fallo de 31 páginas, Sorokin señaló que la “Constitución confiere el derecho a la ciudadanía por nacimiento de manera amplia, incluyendo a las personas dentro de las categorías descritas” en la orden ejecutiva del presidente.
El caso de Boston fue presentado por los fiscales generales demócratas de 18 estados, y es uno de al menos nueve juicios que impugnan la orden de ciudadanía por nacimiento.
Un tercer juez federal bloqueó el lunes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que termina con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de personas que están en Estados Unidos ilegalmente.
“El presidente Trump puede creer que está por encima de la ley, pero el mandato judicial de hoy envía un mensaje claro: él no es un rey, y no puede reescribir la Constitución con la firma de un bolígrafo”, señalaron los fiscales generales estatales en un comunicado.
En el caso presentado por cuatro estados en Seattle, el juez federal de distrito John C. Coughenour dijo que el gobierno de Trump estaba intentando ignorar la Constitución, y que el presidente intentaba cambiarla mediante una orden ejecutiva.
Un juez federal en Maryland emitió una pausa a nivel nacional sobre la orden en un caso separado, pero similar, que involucra a grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas cuyos hijos por nacer podrían verse afectados. El gobierno de Trump indicó el martes que apelaría esa decisión ante la Corte de Apelaciones del 4to Circuito.
En el caso de Boston, los fiscales generales de 18 estados, junto con las ciudades de San Francisco y Washington, D.C., le pidieron a Sorokin que emitiera un mandato judicial preliminar. Eso significa que dicha orden de restricción probablemente permanecerá en vigor mientras se llega a una decisión sobre la demanda.
Argumentan que el principio de la ciudadanía por nacimiento está “consagrado en la Constitución”, y que Trump no tiene la autoridad para emitir la orden, que dijeron es un “intento flagrantemente ilegal de despojar a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos de su ciudadanía en función de su ascendencia”.
Dicen también que la orden de Trump les costaría a los estados fondos de los que dependen para “proporcionar servicios esenciales”, desde los hogares sustitutos hasta la atención médica para niños de bajos ingresos, así como “intervenciones tempranas para bebés, niños pequeños y estudiantes con discapacidades”.
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes que apelará la decisión de una jueza federal de Maryland que bloqueó la orden ejecutiva del presidente que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento para las personas cuyos padres no viven legalmente en el país.
En el centro de las demandas se encuentra la 14ta Enmienda de la Constitución, que fue ratificada en 1868 tras la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott. En ese fallo, el máximo tribunal determinó que Scott, un hombre esclavizado, no era un ciudadano a pesar de haber vivido en un estado donde la esclavitud estaba prohibida.
El gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de personas que no son ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.
Los abogados de los estados argumentan que sí lo están y que ello ha sido reconocido desde la adopción de la enmienda, notablemente en una decisión de la Corte Suprema de 1898. Ese fallo, en el caso de Estados Unidos vs. Wong Kim Ark, sostuvo que los únicos niños que no recibían automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en suelo estadounidense eran los hijos de diplomáticos, que tienen lealtad a otro gobierno; enemigos presentes en Estados Unidos durante una ocupación hostil; aquellos nacidos en barcos extranjeros; y aquellos nacidos de miembros de tribus nativas estadounidenses soberanas.
Estados Unidos se encuentra entre unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por nacimiento, el principio de jus soli o “derecho del suelo”. La mayoría se encuentran en el continente americano, y Canadá y México están entre ellos.
La orden de Sorokin se aplica a otro caso similar presentado en Boston por el grupo activista Lawyers for Civil Rights, en nombre de madres embarazadas cuyos hijos se verían afectados por la orden ejecutiva del presidente.
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